(Caracas, 13/11/2020). Este viernes, el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, ofreció un balance del proceso de Consulta Pública sobre la implementación de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo del 15 de septiembre al 23 de octubre de este año.
Devoe señaló que 86% de las mujeres que participaron en la consulta indicaron que el bloqueo comercial y financiero impuesto de manera ilegal por Estados Unidos a Venezuela ha afectado el desarrollo progresivo de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el país.
Asimismo, señaló que 42% de las personas consultadas resaltaron que los principales efectos de este bloqueo son las dificultades de abastecimiento de medicamentos para mujeres con enfermedades crónicas, así como la dotación de métodos anticonceptivos e insumos para el cuidado de la salud integral de las mujeres.
Durante el “Seminario sobre la CEDAW: Avances, desafíos y corresponsabilidad en su implementación y seguimiento”, que se desarrolla este 14 y 15 de noviembre del año en curso vía Zoom, el representante del Consejo Nacional de Derechos Humanos indicó que en esta consulta participaron más de 9.000 mujeres de todo el país y aún sigue abierta en la página web: https://consejoderechoshumanos.gob.ve/
Asimismo, resaltó que los aportes de este proceso de consulta serán incorporados al informe que Venezuela entregará al Comité de expertas de las Naciones Unidas que es el órgano encargado de supervisar la aplicación de la CEDAW por parte de los Estados.
Del total de las personas que participaron en la consulta, 91,4% fueron mujeres y 87,5% tienen entre 18 y 55 años. Asimismo, el 61% de ellas consideraron que la acción más importante en el avance de los derechos humanos de las mujeres y las niñas son el fortalecimiento de las políticas laborales, el empoderamiento económico de las mujeres y las políticas sociales de protección.
Esta consulta recogió la opinión de movimientos y organizaciones sociales y representantes de diversos sectores de la sociedad, destacando: académicas y científicas, mujeres con discapacidad, campesinas y comuneras, movimientos de mujeres y feministas, sexodiversidad, afrodescendientes e indígenas, Jóvenes, organizaciones de Derechos Humanos, misioneras, privadas de libertad, entre otros.
Igualmente, participaron servidoras y servidores públicos del Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Poder Ejecutivo (Ministerio del Poder Popular para Defensa; Relaciones Interiores, Justicia y Paz; salud, alimentación, mujer, juventud y deporte, indígenas, educación universitaria, trabajo, vivienda, comunas, asuntos penitenciarios, misiones sociales, Conapdis, comunicación e información, energía eléctrica, finanzas) Legislativo: ANC, Consejos legislativos y municipales; alcaldías y del Poder Electoral, entre otros.
