Desde la sede de la ONU-Ginebra, en Suiza, Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, reconoció este lunes los avances de su oficina en la cooperación técnica con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con el que además renovó por un año el Memorando de Entendimiento suscrito el 20 de septiembre del año pasado.
Así lo informó la alta funcionaria durante la actualización oral de su informe sobre los avances en la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de los derechos humanos en Venezuela, en el marco de la 45° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“Hemos avanzado en la cooperación técnica en áreas como la revisión de protocolos policiales sobre el uso de la fuerza y un diagnóstico sobre los factores que inciden en el hacinamiento de los centros de detención preventivos”, afirmó la Alta Comisionada, a la vez que reconoció las facilidades brindadas por el Estado venezolano durante la visita a centros de detención, incluyendo los del Sebin y DGCIM.
Avaló la cooperación del Fiscal General, Tarek William Saab, quien ratificó su compromiso de avanzar en la investigación de los casos documentados por su Oficina, cuyos funcionarios en Venezuela han realizado 15 visitas a 14 centros de detención, en los que han podido realizar entrevistas confidenciales, en el contexto de la colaboración ofrecida por el Estado venezolano. “Estas visitas constituyen un salto cualitativo destacable”, afirmó.
Asimismo, sobre las acciones concretas del Gobierno Bolivariano de conceder arresto domiciliario al parlamentario Juan Requesens e indultar a otras 110 personas, la representante de la ONU consideró que “decisiones como estas contribuyen a la distención política”.
De acuerdo al Memorando de Entendimiento firmado en 2019 y renovado este año, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) brinda asistencia técnica a las instituciones venezolanas en diversas áreas, incluyendo la formulación del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, la formación de funcionarios de los cuerpos de seguridad y la respuesta del Estado frente a las consecuencias negativas en los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales impuestas al país por el Gobierno de Estados Unidos y países satélites.
En relación con este punto, la Alta Comisionada acotó que el nuevo acuerdo incluye la triplicación del número de oficiales de derechos humanos en la nación suramericana, así como la formalización de un mecanismo de intercambio de información sobre casos individuales.
Fuente: Prensa Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
